El Instituto Nacional Electoral (INE) finalmente publicó la lista oficial de los aspirantes que competirán en la histórica elección popular del Poder Judicial el próximo 1 de junio. Sin embargo, el documento, que contiene más de 4 mil 200 nombres, ya ha generado controversia debido a presuntas inconsistencias en los registros.
Uno de los casos más llamativos es el de Lilia Mónica López Benítez, magistrada consejera de la Judicatura Federal, quien denunció haber sido incluida en la lista de candidatos sin su consentimiento. A través de su cuenta en la red social X, López Benítez manifestó su sorpresa y reiteró que ya había presentado su declinación ante el Senado. “Mi postura siempre ha sido clara: NO a la reforma NI al desaseo que últimamente estamos presenciando”, expresó en su publicación.
El documento oficial del INE, que se hizo público tras un retraso de dos días, señala que la magistrada fue postulada por el Senado para el cargo de Magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), pese a que ella renunció a su puesto en el Consejo de la Judicatura Federal en octubre de 2024. Este hecho ha desatado dudas sobre el proceso de inscripción de candidatos y la transparencia de la contienda.
Pero este no es el único caso cuestionable. Otro aspirante, Sergio Javier Molina Martínez, aparece registrado en dos listas distintas, lo que contraviene la Constitución. Según la normativa vigente, un candidato puede ser postulado por diferentes Poderes de la Unión, pero solo para un mismo cargo. No obstante, Molina Martínez figura tanto como candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como para Magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), lo que ha despertado críticas sobre la gestión del proceso.
El INE ha evitado pronunciarse hasta el momento sobre estos señalamientos, mientras que expertos en derecho advierten que estos errores podrían poner en entredicho la legitimidad de la elección. La reforma judicial, que busca redefinir la estructura del Poder Judicial en México, ya enfrentaba una fuerte oposición, y estas irregularidades solo aumentan la incertidumbre sobre su implementación
