El descubrimiento de un crematorio clandestino en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, ha desatado una ola de indignación y cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades estatales. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el hallazgo como “terrible”, tras confirmarse que el sitio operaba como un centro de adiestramiento y exterminio presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Desde su conferencia matutina, Sheinbaum reveló que el gobernador Pablo Lemus Navarro ha mantenido comunicación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer si, en efecto, se realizaron las investigaciones pertinentes desde la primera intervención en 2024.
La Fiscalía de Jalisco informó que en septiembre del año pasado se llevó a cabo un operativo en el rancho, donde 10 personas fueron detenidas y se localizó a un civil sin vida. En aquel momento, las autoridades sostuvieron un enfrentamiento con hombres armados, aunque algunos lograron escapar. El predio quedó bajo resguardo estatal, pero los recientes hallazgos han puesto en duda la efectividad de ese resguardo.
El pasado 5 de marzo, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco acudieron al sitio y notaron que los sellos de aseguramiento habían sido violados. En su nueva inspección, encontraron restos óseos ocultos bajo una losa de ladrillo, así como 400 prendas de vestir, 96 casquillos de bala y fragmentos óseos dispersos en cinco puntos diferentes.
La mandataria federal cuestionó por qué el lugar no se resguardó adecuadamente tras el cateo anterior y señaló que las fiscalías y el Poder Judicial deberán investigar posibles omisiones. Mientras avanzan las indagatorias, el país sigue atento a lo que parece ser un nuevo capítulo de impunidad en la lucha contra el crimen organizado.
