Por primera vez, el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México se coloca en el centro del debate binacional, y no por casualidad. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “histórico” el cambio de postura del presidente Donald Trump, quien ahora reconoce la urgencia de detener esta sangrienta corriente que cruza la frontera norte.
Cada año, más de 250 mil armas ingresan de manera clandestina a México. Rifles de asalto, granadas y hasta lanzacohetes terminan en manos del crimen organizado, alimentando la espiral de violencia que sacude a estados enteros. Esta situación, como recordó Sheinbaum, ha sido un tema constante en sus encuentros con el mandatario estadounidense, y hoy, la colaboración da sus primeros frutos: aumentan las incautaciones de armamento y estupefacientes.
“Ya no solo decomisamos pistolas o rifles; estamos quitándoles granadas. Esta cooperación está desmontando estructuras criminales”, afirmó la presidenta, destacando los logros de una política de seguridad conjunta.
Pero la respuesta de México no se queda en las aduanas. En los tribunales, también hay batalla. Lourdes Marleck Ríos, experta en derecho internacional de la UNAM, explicó que México ha presentado una demanda civil sin precedentes contra 10 fabricantes de armas en EE.UU., responsabilizándolos por el daño causado por su producción y distribución negligente. La querella excluye a Glock y Beretta, con sede en Europa, pero sienta un precedente legal de gran calado.
Desde la academia, se alzan voces críticas. Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, advirtió que más del 70% de las armas usadas en crímenes en México provienen del norte. “Cada arma es una tragedia esperando suceder. El impacto social es devastador”, dijo.
El mensaje es claro: México no solo quiere armas fuera de su territorio, también exige justicia ante quienes las fabrican y permiten su paso. Un nuevo frente se abre, y esta vez, parece que el país va en serio.
