Han pasado casi tres décadas desde que el Fobaproa se convirtió en una losa financiera para millones de mexicanos, y la factura aún no se termina de pagar. Mientras tanto, Ernesto Zedillo, expresidente y principal ejecutor de esa decisión, ha vuelto a la escena pública para criticar al actual gobierno, omitiendo que el rescate bancario que impulsó sigue costando más de 73 mil millones de pesos a los contribuyentes.
Aunque el Fondo Bancario de Protección al Ahorro se creó en 1990 bajo el mandato de Carlos Salinas de Gortari para prevenir crisis, fue en 1995, ya con Zedillo en la presidencia, cuando se activó de lleno. La medida, tomada en medio de una severa devaluación y el colapso del sistema bancario, convirtió deudas privadas en públicas, comprometiendo recursos que podrían haberse invertido en salud, educación o infraestructura.
La deuda original ascendía a más de 552 mil millones de pesos. En 1998, esta se consolidó con la creación del IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario), legalizando el traspaso al erario. Hoy, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, aún se deben más de 73 mil millones de pesos.
Los grandes beneficiados no fueron los ciudadanos, sino una élite financiera. Banamex y Bancomer acapararon la mitad del rescate. También aparecieron nombres como HSBC (antes Bital), Banorte, y Grupo México, este último ligado al propio Zedillo. Figuras como Carlos Cabal Peniche y Jorge Lankenau, acusados de fraude, recibieron millones antes de caer en desgracia judicial.
El escándalo no se limitó al sector financiero. Varios políticos también resultaron favorecidos. Vicente Fox y su esposa Martha Sahagún, así como Carlos Hank Rhon —donador millonario a la campaña de Zedillo—, aparecen entre los señalados por aprovechar los inmuebles y activos recuperados a través del Fobaproa.
