La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) abrió la puerta a una nueva estrategia del gobierno federal en materia de acceso a la información. La presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto la creación de un nuevo organismo: “Transparencia para el Pueblo”, que promete facilitar la rendición de cuentas, pero que al mismo tiempo amplía los motivos por los que las dependencias podrán negar información a la ciudadanía.
La iniciativa, enviada al Senado el 20 de febrero, establece que la titular del Ejecutivo será quien designe directamente a la persona a cargo del nuevo órgano. Además, los recursos de revisión ya no estarán en manos de un ente autónomo, sino de los órganos internos de control de cada dependencia. En otras palabras, el propio gobierno evaluará qué información se puede hacer pública.
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la ampliación de las causales para reservar datos. Ahora, el gobierno podrá negar información si considera que afecta la paz social o compromete proyectos prioritarios. También se permitirá clasificar por hasta 10 años documentos relacionados con telecomunicaciones, infraestructura energética y sistemas de defensa.
Para expertos en transparencia, esta propuesta representa un retroceso en el acceso a la información. Gabriel Espinoza, especialista en la materia, advirtió que esta reforma otorga al gobierno una discrecionalidad preocupante. “Se amplían los supuestos para reservar información con una redacción ambigua. La ciudadanía podría tener menos herramientas para fiscalizar el uso de los recursos públicos”, señaló.
Además, la iniciativa introduce un cambio en la forma en que se manejarán los casos de corrupción. Antes, cualquier denuncia en proceso era suficiente para solicitar información. Con la nueva propuesta, sólo se podrá acceder a estos datos cuando haya una sentencia firme. Esto significa que casos como el de Segalmex podrían permanecer en la opacidad hasta que los tribunales emitan un fallo definitivo.
El nuevo modelo también modifica el funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que quedará bajo el control de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Aunque se asegura que seguirá operando con normalidad, las preocupaciones sobre su independencia persisten.
Mientras el gobierno defiende su iniciativa argumentando que garantizará mayor transparencia, organizaciones civiles advierten que este esquema deja al Ejecutivo como juez y parte en el acceso a la información pública. Ahora, la decisión está en manos del Senado, que deberá debatir si este nuevo modelo fortalece la rendición de cuentas o si, por el contrario, sienta las bases para una transparencia a conveniencia.
