Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán, reapareció en escena, pero no precisamente por motivos políticos. Esta vez, el exmandatario intenta frenar cualquier orden de aprehensión que pese en su contra por presunto desvío de más de 3 mil millones de pesos, dinero que debía destinarse a la construcción de cuarteles policiacos en el estado.
El 21 de abril, Aureoles promovió un amparo ante un juzgado federal, solicitando protección frente a acciones del juez de control adscrito al Reclusorio Norte. El argumento es claro: teme ser capturado o incluso obligado a comparecer por un proceso penal que podría llevarlo a prisión preventiva.
En respuesta, el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México le otorgó una suspensión provisional. A cambio, el exfuncionario deberá pagar una garantía de 52 mil pesos en un plazo de cinco días. La medida impide que se ejecute una orden de arresto hasta que se resuelva la suspensión definitiva, incluso si el delito implica prisión preventiva oficiosa.
La Fiscalía Anticorrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos, ya había solicitado la captura de Aureoles y otros siete excolaboradores. Cuatro de ellos —Carlos Maldonado, Mario Delgado, Elizabeth Villegas y Antonio Bernal— ya fueron vinculados a proceso por delitos como peculado y lavado de dinero, y hoy permanecen bajo prisión preventiva.
El escándalo gira en torno al manejo irregular de recursos para el arrendamiento y compra de inmuebles donde se instalarían cuarteles en siete municipios clave del estado. Mientras tanto, Silvano apuesta por la vía legal para esquivar las rejas. ¿Le alcanzará la estrategia?
