El gobierno de Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha un plan integral para enfrentar la crisis de desapariciones en México. Con un enfoque que combina tecnología, cambios legales y fortalecimiento de instituciones, la presidenta busca combatir este flagelo que, según reconoce, en el pasado estuvo ligado al Estado y que hoy se encuentra vinculado principalmente a la delincuencia organizada.
Como primer paso, Sheinbaum firmó un decreto para robustecer la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), dotándola de mayor capacidad operativa y de análisis. Se prevé la adquisición de tecnología avanzada, como láseres, detectores de metales y sistemas de topografía 3D, con una inversión aproximada de 140 millones de pesos. Esta tecnología permitirá realizar exploraciones con mayor precisión en terrenos donde se sospecha que hay fosas clandestinas.
El segundo paso del plan es la presentación de cuatro iniciativas de reforma que serán enviadas al Congreso el próximo 20 de marzo. La primera de ellas busca consolidar la Clave Única de Registro de Población (CURP) como la principal fuente de identificación, lo que facilitaría el cruce de información entre distintas bases de datos para agilizar la localización de personas.
Otra iniciativa propone la creación de una Base Única de Información Forense, alimentada por los servicios periciales de todas las fiscalías estatales y la FGR. Con esto, se busca unificar los registros de personas desaparecidas y restos sin identificar, permitiendo una búsqueda más eficiente.
Asimismo, se plantea la implementación de una Plataforma Nacional de Identificación Humana, que centralizará los registros administrativos y forenses. Este sistema tendrá acceso a bases de datos del Registro Electoral y otras entidades para facilitar la identificación de personas mediante huellas dactilares y pruebas de ADN.
En cuanto a los procesos de búsqueda, Sheinbaum propone reformar la ley para que la alerta de desaparición sea inmediata en todas las corporaciones y estados, eliminando la espera de 72 horas que aún persiste en algunas entidades. Finalmente, la cuarta iniciativa plantea homologar las penas y los procedimientos de investigación de las desapariciones con los del delito de secuestro.
El gobierno también busca mejorar la atención a las familias de las víctimas. Se fortalecerá la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para garantizar acompañamiento y asesoría. Además, se publicarán informes mensuales sobre las carpetas de investigación abiertas en las fiscalías estatales y la FGR, con el objetivo de dar mayor transparencia a las acciones gubernamentales.
“Nuestro compromiso es con las familias. Sabemos que su mayor anhelo es reencontrarse con sus seres queridos, y no los vamos a dejar solos en esta búsqueda”, aseguró Sheinbaum.