El Gobierno federal oficializó la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) con la publicación de una reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF). A partir de ahora, la responsabilidad de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales recae en un nuevo organismo bajo el control del Ejecutivo.
La reforma establece la creación de «Transparencia para el Pueblo», un órgano administrativo desconcentrado que dependerá de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro. Este organismo asumirá las funciones que antes desempeñaba el INAI, en un movimiento que ha generado reacciones divididas entre actores políticos y organizaciones civiles.
A nivel estatal, los organismos encargados de la contraloría en cada entidad federativa serán los responsables de gestionar los asuntos relacionados con la transparencia municipal y local, según lo establecido en sus respectivas legislaciones.
Entre las disposiciones de la nueva ley se menciona que los datos de acceso público deberán cumplir con criterios de accesibilidad, gratuidad, permanencia y formato abierto. La normativa también enfatiza que las autoridades garantes actuarán bajo principios de imparcialidad, legalidad y objetividad, con el fin de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano.
El Sistema Nacional de Transparencia, en su nueva configuración, busca coordinar y evaluar las políticas públicas en esta materia, estableciendo lineamientos para garantizar el acceso a la información en los tres niveles de gobierno. Sin embargo, críticos de la medida han advertido que centralizar la transparencia dentro del Ejecutivo podría debilitar los contrapesos y reducir la independencia de los procesos de acceso a la información.
