La propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum busca eliminar los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES), argumentando que duplican funciones y costos con el Instituto Nacional Electoral (INE), además de arrastrar años de señalamientos por irregularidades administrativas.
Crisis financiera y operativa
Los OPLES son responsables de organizar elecciones en cada entidad, difundir resultados preliminares y asignar financiamiento a partidos locales. Sin embargo, de acuerdo con informes del INE, varios organismos han operado en “riesgo alto” por falta de recursos:
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2024: Zacatecas y Yucatán reportaron problemas para cubrir salarios; también Colima, Nuevo León y San Luis Potosí.
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2023: Campeche, Colima, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas.
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2022: Ciudad de México, Colima, Durango y Morelos.
Irregularidades detectadas
Además de la insuficiencia presupuestal, auditorías locales han documentado mal uso de recursos públicos:
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Michoacán (2015): pago indebido de 10 millones de pesos en horas extra a mandos medios y superiores.
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Hidalgo (2015): gasto irregular de 501 mil pesos en celulares y bonos.
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Oaxaca (2023): destitución de su presidenta por presunto desvío de más de 19 millones de pesos.
Riesgos de la centralización
Mientras se analiza la eliminación de los OPLES, la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño, advirtió que concentrar todos los procesos en el INE podría generar sobrecarga de trabajo y afectar la organización de los comicios locales.
