El clima político en la Ciudad de México vuelve a tensarse, ahora con una denuncia formal que apunta directo a la alcaldía Cuauhtémoc. Morena llevó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una acusación contra la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega por presunto uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada.
El señalamiento no es menor. De acuerdo con los representantes del partido, la funcionaria habría utilizado programas sociales y obras públicas como plataforma para posicionar su imagen, incluyendo su nombre, voz y rostro en materiales de difusión que, aseguran, rebasan el carácter institucional.
Durante la presentación de la queja, se exhibieron ejemplos de propaganda —como bardas y lonas— donde la figura de la alcaldesa aparece vinculada directamente a los apoyos entregados. Para Morena, esto no solo rompe con las reglas de neutralidad, sino que podría configurar actos anticipados de campaña.
El argumento central gira en torno al artículo 134 constitucional, que establece límites claros sobre el uso de recursos públicos con fines de promoción personal. Según los denunciantes, la conducta ha sido reiterada y sistemática, lo que agrava el caso.
Además de la denuncia, el partido solicitó medidas cautelares urgentes para retirar la publicidad señalada, con el objetivo de frenar lo que consideran una estrategia de posicionamiento rumbo a futuros procesos electorales.
El conflicto no se quedó en lo legal. También hubo críticas directas a la gestión de la alcaldesa, a quien acusan de priorizar su presencia mediática por encima de las necesidades de la demarcación.
Sin embargo, este tipo de confrontaciones también reflejan el fondo del problema: la delgada línea entre informar y promocionar. En un contexto político altamente competitivo, la comunicación gubernamental se convierte fácilmente en terreno de disputa.
Al final, será la autoridad electoral la que determine si se trata de una falta o de una práctica dentro de los márgenes legales.
