La disputa legal entre México y los fabricantes de armas estadounidenses alcanzó un momento clave este martes, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los argumentos en el caso que busca responsabilizar a estas empresas por la violencia del narcotráfico en territorio mexicano. Sin embargo, la mayoría conservadora del tribunal pareció inclinarse hacia desestimar la demanda, debilitando las esperanzas del gobierno mexicano de obtener justicia.
Desde 2021, México ha sostenido una batalla judicial contra gigantes de la industria armamentista como Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock y Ruger, reclamando 10,000 millones de dólares en daños. La acusación es clara: estas compañías venden sus productos con pleno conocimiento de que terminarán en manos del crimen organizado, facilitando el tráfico ilegal de armas hacia el sur.
“Los fabricantes saben que están abasteciendo un río de hierro que envía hasta medio millón de armas al año a México”, denunció el asesor jurídico de la Cancillería mexicana, Pablo Arrocha. Su postura fue respaldada por la abogada Catherine Stetson, quien argumentó que estas empresas venden deliberadamente a comerciantes poco escrupulosos, permitiendo que los cárteles se armen con facilidad.
Pero la defensa de la industria armamentista no se hizo esperar. Noel Francisco, abogado de Smith & Wesson, desestimó las acusaciones con una comparación sarcástica: “Si México tiene razón, entonces Budweiser debería ser responsable de cada accidente causado por conductores ebrios, porque sabe que los adolescentes compran cerveza ilegalmente”.
El caso llegó hasta la Corte Suprema luego de que un tribunal de apelaciones revirtiera un fallo previo que protegía a los fabricantes bajo la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA). Esta normativa, aprobada en 2005, exime a las empresas de responsabilidad civil por el uso indebido de sus productos. Se espera que el máximo tribunal emita su decisión en la primavera.
Presión comercial en plena disputa judicial
Mientras el caso sigue su curso, el expresidente Donald Trump elevó la tensión al imponer nuevos aranceles del 25% sobre productos mexicanos, una medida destinada a presionar a la administración de Claudia Sheinbaum para que refuerce su lucha contra el tráfico de drogas. En particular, Washington exige medidas más agresivas contra el fentanilo, un opioide sintético que ha causado miles de muertes en Estados Unidos.
Trump, además, designó a seis cárteles mexicanos como grupos terroristas, en un intento de justificar una mayor intervención en asuntos de seguridad. En respuesta, la presidenta Sheinbaum ha endurecido su discurso y ha advertido que podría ampliar la ofensiva legal contra la industria armamentista estadounidense, acusándola de complicidad con el crimen organizado.
Para reforzar su postura, la semana pasada México extraditó a 29 narcotraficantes sin proceso judicial y desplegó 10,000 efectivos en la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿será suficiente para evitar el impacto de las sanciones comerciales y convencer a la Corte Suprema de frenar el flujo de armas ilegales?
