Lo que se anunciaba como un paro nacional con impacto en gran parte del país terminó siendo, según el gobierno federal, una jornada con efectos limitados. La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el alcance del llamado “megabloqueo” de transportistas y agricultores, al señalar que las afectaciones fueron menores a lo previsto.
Durante su conferencia del 7 de abril, explicó que, aunque sí hubo presencia de manifestantes en algunos puntos, la mayoría de los bloqueos fue parcial y permitió rutas alternas. Esto evitó un colapso mayor en el traslado de mercancías y pasajeros. Incluso, precisó que solo permanecían activos un par de puntos conflictivos, entre ellos uno en Guanajuato.
Los datos oficiales refuerzan esta versión. La Secretaría de Gobernación reportó que únicamente se bloquearon 11 carreteras en nueve estados, lejos de las 20 entidades que contemplaba la convocatoria. Además, la movilización reunió a 575 personas y 161 vehículos, cifras que evidencian una participación menor a la esperada.
En algunos puntos, como la caseta La Venta en la México-Toluca, los manifestantes optaron por permitir el paso libre, aunque la activación de dispositivos de control en autopistas generó filas y molestias momentáneas. Aun así, el escenario distó del caos anticipado.
Más allá de las cifras, el mensaje político fue claro. Sheinbaum reiteró que el gobierno ya no canaliza recursos a líderes de organizaciones, sino que los apoyos se entregan de forma directa a los beneficiarios. También subrayó que se mantendrán los respaldos al sector agrícola, especialmente ante los bajos precios de los granos.
El episodio deja una lectura interesante: la capacidad de convocatoria parece haberse debilitado, pero el descontento sigue presente. Entre bloqueos que no escalan y demandas que persisten, el reto no es solo contener protestas, sino atender de fondo las causas que las originan.
