En una audiencia maratónica de más de 18 horas, la jueza Patricia Sánchez Nava determinó la prisión preventiva para cuatro exfuncionarios de la administración de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, por su presunta participación en un desfalco que supera los 3,400 millones de pesos. Los delitos que se les imputan incluyen peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
Mientras los ahora detenidos enfrentan la justicia, Aureoles permanece prófugo, al igual que dos exsecretarios de Seguridad Pública y Guillermo Loaiza Gómez, exfuncionario clave en el manejo de adquisiciones del gobierno estatal. Informes oficiales sugieren que Loaiza viajó a Argentina, aunque su paradero exacto sigue siendo desconocido.
Los exfuncionarios detenidos son Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la SSP; Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la misma dependencia, y Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública. La jueza ordenó que Villegas y Maldonado permanezcan en el penal de Santa Martha Acatitla, mientras que Delgado y Bernal fueron trasladados al Reclusorio Oriente. Su situación jurídica se definirá en la continuación de la audiencia, programada para el próximo jueves.
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción presentó pruebas de que los imputados habrían ejecutado un esquema irregular de arrendamiento y compra de inmuebles destinados a cuarteles policiacos en diversas localidades del estado. La empresa encargada de la operación, Inmobiliaria Dip, recibió contratos por adjudicación directa, a pesar de haber sido creada apenas en 2015, lo que generó dudas sobre su idoneidad.
Las acusaciones apuntan a que, tras un arrendamiento de 56 meses, los contratos fueron modificados para incluir mantenimiento y limpieza, incrementando los costos de manera significativa. Posteriormente, los inmuebles fueron adquiridos por el gobierno estatal a precios inflados, generando sobreprecios millonarios. Informes del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales determinaron que en varios casos se pagaron cifras excesivas, como en Lázaro Cárdenas, donde el sobrecosto ascendió a 163.4 millones de pesos.
Durante la audiencia, los estados emocionales de los acusados variaron: mientras Bernal Bustamante mantenía una sonrisa ocasional, Elizabeth Villegas no pudo contener las lágrimas. La defensa intentó retrasar la diligencia argumentando problemas de salud de Maldonado Mendoza, aunque los médicos confirmaron que su condición era estable.
