Siete años han pasado desde que la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP obtuvo la concesión para gestionar el Parque Bicentenario. Sin embargo, tras la tragedia ocurrida el pasado sábado —donde perdieron la vida los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Hernández—, el tema ha vuelto a encender la discusión pública y política.
La concesión, firmada el 5 de marzo de 2018 por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), permite a esta empresa privada explotar comercialmente más de 550 mil metros cuadrados del parque hasta el año 2043. Aunque el contrato limita a 10 los eventos anuales, la controversia actual no gira sólo en torno a la frecuencia, sino a las condiciones en las que se realizan.
Desde la Federación se exige que el concesionario garantice la seguridad del espacio, así como de todas las personas que asistan o trabajen en él. También le impone la obligación de tramitar licencias, permisos y cumplir con las disposiciones legales de todos los niveles de gobierno. Cualquier incumplimiento, especialmente si es reiterado, puede abrir la puerta a la revocación.
El pago que realiza la operadora al Gobierno Federal equivale al 7.5% del valor del inmueble, el cual en 2018 se estimó en poco más de un millón 272 mil pesos. Sin embargo, más allá del tema económico, las autoridades ahora evalúan la continuidad de la concesión.
Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, se han pronunciado a favor de retirar el control del parque a la empresa actual, cuestionando no solo su gestión, sino su capacidad para garantizar la seguridad de los asistentes.
