La crisis de desapariciones en México sigue siendo un tema de alta preocupación para colectivos de búsqueda, quienes acusan que no es la falta de leyes lo que impide avances, sino la ausencia de voluntad política para erradicar la impunidad. En una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, diversas organizaciones exigieron la remoción de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), al considerar que su gestión ha sido ineficaz y alejada del diálogo con las víctimas.
“El incremento de presupuesto y capacidades no servirá de nada si la persona a cargo carece del conocimiento técnico necesario y de sensibilidad hacia las familias de los desaparecidos”, expresaron en el documento. Los colectivos pidieron que se corrija la designación y que se convoque a un proceso transparente y participativo para elegir a la nueva titular, como lo estipula la ley.
Además, rechazaron la propuesta del Ejecutivo de reforzar la CURP como cédula de identidad, ya que no atiende de manera inmediata la crisis de desapariciones, la cual se agrava cada día. También criticaron las reformas a la Ley General en materia de Desaparición, señalando que estas propuestas muestran un desconocimiento del tema, pues desde 2017 ya existe la obligación de crear un Banco Nacional de Datos Forenses y un Registro Nacional de Personas Fallecidas, sin que la Fiscalía General de la República haya cumplido con ello.
Otro de los puntos que generó rechazo fue la intención de equiparar la desaparición con el secuestro. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) advirtió que esta medida no representa un avance y que las acciones anunciadas por Sheinbaum deben analizarse con detalle, ya que muchas de ellas ya están previstas en la ley y su inoperancia se debe a la falta de ejecución por parte de las instituciones.
En cuanto a la reactivación del Centro Nacional de Identificación Humana, destacaron que si bien es una medida positiva, este organismo fue creado en 2022 y posteriormente abandonado en 2023, lo que refleja la falta de continuidad en las estrategias gubernamentales.
Los colectivos enfatizaron que la falta de respuestas a la crisis de desapariciones es resultado de la indiferencia institucional y la falta de acciones contundentes. “El escepticismo de las familias es legítimo. Descalificar su reclamo es un error que solo contribuye a la normalización de la violencia en el país”, concluyeron.
