La Secretaría de Educación Pública, bajo la dirección de Mario Delgado Carrillo, ha puesto sobre la mesa un polémico proyecto: flexibilizar las restricciones que impiden la venta de comida chatarra en los planteles educativos del país.
El documento, elaborado por su equipo y compartido a funcionarios el 4 de abril, propone revertir varios puntos clave de los lineamientos adoptados el pasado 30 de septiembre, justo en el cierre del sexenio de López Obrador. Aquella medida prohibía tajantemente la venta y distribución de productos ultraprocesados en las escuelas mexicanas.
Con esta reforma, las tienditas escolares podrían utilizar ingredientes con sellos de advertencia en la elaboración de alimentos, incluyendo productos como panes, carnes procesadas, mayonesas o salsas. Además, se permitiría la comercialización de este tipo de comida en las inmediaciones de los planteles, rompiendo con una de las disposiciones más estrictas que existían hasta ahora.
Uno de los puntos más cuestionados es que las universidades quedarían exentas de estas restricciones. En lugar de prohibiciones, se les pide promover campañas de concientización sobre hábitos saludables, sin sanciones concretas por permitir la venta de productos nocivos para la salud.
Pero eso no es todo. El nuevo planteamiento elimina la obligación de ofrecer alimentos a precios accesibles, reduce el alcance de sanciones a autoridades o proveedores y retira a la Cofepris el poder de verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria.
