La designación de María José Ocampo Vázquez como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes desató polémica desde su primer día. Aunque el boletín oficial confirmó su nombramiento esta semana, la líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, criticó que la magistrada asumiera el cargo pese a haber quedado en sexto lugar en la votación del pasado 1 de junio.
“¿Cómo puede ser que el poder encargado de proteger la Constitución inicie violándola? Es inconcebible”, declaró la dirigente, quien acusó un “enjuague” político tras una decisión tomada en asamblea privada. Según el artículo 51 de la Constitución local, la presidencia debía recaer en quien obtuviera más sufragios: en este caso, Felipe Ávila Orozco, exsubconsejero jurídico de la gobernadora panista Tere Jiménez, con 88 mil 635 votos.
El caso tomó un giro aún más polémico cuando se resaltó el parentesco de Ocampo Vázquez con la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota y su militancia en el PAN desde 2019. Para Morena, esto evidencia la intervención política en un proceso que debía respetar la voluntad popular. “Hay que respetar la democracia, no se puede imponer a quien no fue electa por la gente”, insistió Alcalde Luján.
No obstante, voces oficiales advirtieron riesgos de caer en violencia política de género. El fiscal especializado en Delitos Electorales, Daniel Gutiérrez Ruvalcaba, señaló que centrar la crítica en los vínculos familiares de Ocampo puede desestimar su preparación académica. La magistrada es licenciada en Derecho por la Ibero, con maestría en Derecho Internacional en Massachusetts y doctorado en Administración Pública por la Anáhuac.
El debate sobre su legitimidad abre una grieta más amplia: ¿se respeta la decisión ciudadana o se perpetúan viejas prácticas políticas? La respuesta marcará no solo el rumbo del Poder Judicial local, sino también la confianza en los procesos de renovación institucional en Aguascalientes.
