La mañana en Iztapalapa se tiñó de tragedia. Una pipa de gas LP volcó y explotó en el Puente de la Concordia, sobre Calzada Ignacio Zaragoza, dejando un saldo preliminar de tres muertos y 70 heridos, según informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. El siniestro obligó a un despliegue inmediato de cuerpos de emergencia y encendió las alarmas por las condiciones en que operan algunas empresas del sector gasero.
Los lesionados fueron trasladados a distintos hospitales de la capital y del Estado de México. Entre ellos se encontraba el conductor de la unidad, identificado como Armando “N”, de 49 años, quien fue llevado en estado grave primero a un hospital mexiquense y posteriormente al Magdalena de las Salinas, de acuerdo con el secretario de Seguridad de la CDMX, Pablo Vázquez.
Horas después, Brugada presentó un listado de las personas hospitalizadas, con datos de edad, sexo y centros de atención, y aseguró que su gobierno trabaja de la mano con la administración mexiquense para garantizar atención y apoyos a las víctimas.
Sin embargo, conforme se conocieron más detalles del accidente, salió a la luz una irregularidad que complica aún más la tragedia. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) reveló que la empresa dueña de la pipa, Transportadora Silza —subsidiaria de Grupo Tomza—, no tenía vigente su póliza de seguro por responsabilidad civil ni por daño ambiental. El vehículo accidentado había cargado en la Terminal Marítima Gas Tomza con un seguro cuya vigencia terminó en junio de 2025, y cuya renovación fue rechazada.
Tras la explosión, inspectores de la ASEA y de la Comisión Nacional de Energía acudieron al sitio junto con la Fiscalía capitalina para iniciar peritajes y determinar las causas del siniestro.
