La discusión apenas comienza, pero el mensaje fue directo. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que enviará su reforma electoral a la Cámara de Diputados y dejó claro que, si no alcanza la mayoría calificada, ya contempla una ruta alternativa.
Desde Palacio Nacional, la mandataria desactivó la narrativa de una posible derrota política. Aseguró que presentar la iniciativa representa, en sí misma, el cumplimiento de un compromiso asumido con la ciudadanía. “Yo estoy cumpliendo”, reiteró, al señalar que ahora la decisión recae en legisladores y en la eventual valoración pública de su voto.
Aunque evitó detallar el llamado “plan B”, reconoció que existe una estrategia en caso de que la propuesta no prospere en el Congreso. No precisó si se trataría de ajustes a leyes secundarias u otra vía legislativa; solo pidió no anticipar escenarios.
En el Salón Tesorería expuso un “decálogo por la democracia” que estructura la reforma: cambios en la representación proporcional, reducción del gasto electoral, mayor fiscalización, reglas sobre voto en el extranjero y tiempos oficiales en radio y televisión, así como lineamientos sobre inteligencia artificial, cómputos distritales, democracia participativa, prohibición del nepotismo y eliminación de la reelección.
El proyecto llega en medio de tensiones incluso con aliados como el Partido Verde y el Partido del Trabajo, lo que anticipa un debate complejo. Más allá de su destino legislativo, la iniciativa reabre una conversación de fondo: cómo modernizar el sistema electoral sin debilitar equilibrios ni generar nuevas disputas en un escenario político ya polarizado.
