El gobierno federal anunció que enviará al Congreso, el próximo lunes, dos iniciativas de reforma para regular el uso del agua, endurecer sanciones por delitos hídricos e incluso aplicar la extinción de dominio en casos de irregularidades. La medida surge luego de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detectó 58 mil 789 anomalías en títulos de concesión, desde acaparamiento y falsificación de documentos hasta usos distintos al permiso otorgado, con registros que incluso apuntan a ubicaciones fuera del país, como Tailandia.
La revisión abarcó 90 por ciento de los 536 mil títulos otorgados desde 1988, cuando inició la mercantilización del recurso. “Se trata de poner orden y que sea el Estado quien regule las licencias, evitando la transmisión entre particulares que genera millones de pesos”, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Efraín Morales, director de Conagua, detalló que se reformará la Ley de Aguas Nacionales y se expedirá una legislación general para garantizar el derecho humano al agua, establecido en la Constitución. Hasta ahora, se han desprivatizado 4 mil 475 millones de metros cúbicos, equivalentes al suministro de cuatro años para la Ciudad de México, y la recaudación federal aumentó en casi 3 mil millones de pesos.
Entre las irregularidades detectadas destacan licencias de uso público urbano aprovechadas por particulares, títulos agrícolas usados en complejos industriales o clubes de golf, y concesiones duplicadas o con coordenadas incorrectas. También se documentó la venta de pipas a precios de entre 2 mil y 3 mil pesos, así como pozos clandestinos que extraen agua sin permiso.
Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua, agregó que Conagua ha realizado 3 mil 912 inspecciones, con 490 clausuras, y anunció que en octubre se publicará un decreto para regular las concesiones de pequeños productores y municipios, dando certeza jurídica y fortaleciendo la rectoría del Estado sobre el recurso.
El plan busca acabar con el mercado negro del agua y garantizar que el líquido sea usado de manera legal y equitativa, en beneficio de la población y el medio ambiente.
