Un golpe financiero histórico sacude al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. Una corte civil en Miami ha dictado sentencia final en su contra y la de su esposa, Linda Cristina Pereyra, obligándolos a pagar más de 2,488 millones de dólares como reparación al Estado mexicano por un esquema millonario de corrupción.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que, tras una demanda civil interpuesta en 2021, la justicia de Florida falló a favor del gobierno mexicano. La resolución ordena a García Luna pagar 748 millones 829 mil dólares, mientras que su esposa deberá cubrir 1,740 millones. Esta cifra triplica el monto original del fraude, como lo permite la legislación del estado norteamericano.
El caso expone un complejo entramado de empresas fachada, contratos inflados y triangulación de fondos públicos, muchos de ellos canalizados desde México hacia paraísos fiscales como Panamá, Israel, Barbados y, finalmente, a inversiones inmobiliarias en Florida.
De los 745.9 millones de dólares que se calcula desvió el círculo cercano a García Luna, apenas 2.8 millones han sido recuperados. Parte de este dinero provino de la liquidación de la empresa Delta Integrator LLC, propiedad del matrimonio, así como de un inmueble y una hipoteca en Florida.
A pesar de lo limitado del monto recuperado hasta ahora, la UIF advirtió que la sentencia permite embargar futuros bienes ligados a los acusados, incluso si están registrados a nombre de terceros.
El esquema operó con la complicidad de 44 empresas internacionales y al menos 16 firmas mexicanas, algunas identificadas como «factureras». La pista del dinero incluye más de 64 operaciones financieras que devolvieron recursos a México, con apoyo de casas de bolsa y bancos nacionales.
La historia de corrupción que manchó al gobierno de Felipe Calderón sigue dando de qué hablar. Ahora, con un fallo contundente en Estados Unidos, el mensaje es claro: el desvío de recursos públicos no quedará impune, al menos en los tribunales internacionales.
