La batalla contra los cigarros electrónicos en México, liderada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, parece haberse quedado a medio camino. Aunque la reforma constitucional que prohíbe la producción, distribución y venta de vapeadores entró en vigor el 18 de enero, en las calles de la Ciudad de México estos dispositivos se siguen vendiendo sin mayor problema.
En tiendas de conveniencia, cafeterías de cadena e incluso en el corazón del Centro Histórico, es común encontrar dispositivos como los IQOS —producidos por Phillip Morris— a la vista de todos y con precios que van desde los 599 hasta los mil 899 pesos. Hay exhibidores especiales, promotores explicando su funcionamiento y una presencia que contrasta radicalmente con lo que dicta la Constitución.
¿Por qué siguen ahí? Porque la reforma, aunque ya es oficial, carece de dientes. Ni el Senado ni la Cámara de Diputados han elaborado las leyes secundarias necesarias para establecer sanciones claras. Es decir, hoy por hoy no hay castigo alguno para quienes venden estos productos, lo que convierte a la reforma en un marco legal sin consecuencias.
Organizaciones como No al Vapeo en México advierten que la situación pone en entredicho la efectividad de la medida. Aunque algunos distribuidores retiraron sus productos, los IQOS siguen presentes. Y no sólo eso: su comercialización se ha vuelto más evidente.
