Las irregularidades en el manejo de recursos públicos volvieron a quedar en evidencia con la tercera entrega de la Cuenta Pública 2023. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó anomalías por más de 51 mil millones de pesos en el quinto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cifra que engloba los resultados de las tres fases de auditoría correspondientes a dicho periodo.
David Colmenares Páramo, titular de la ASF, informó ante diputados que solo en el último informe se identificó un monto sin aclarar superior a los 48 mil millones de pesos. Explicó que este incremento en las cifras se debe a la mejora en los procedimientos de auditoría, así como al uso de nuevas tecnologías e inteligencia artificial para el análisis de datos.
En el desglose presentado, la ASF señaló que el monto específico sujeto a revisión en el proceso de seguimiento asciende a 43 mil 206 millones de pesos. Hasta ahora, se han logrado recuperar 930 millones de pesos de estos recursos.
Dentro de la fiscalización realizada por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, se detectaron irregularidades por más de 8 mil 599 millones de pesos en el sector público federal. De este total, más del 80% está vinculado a entidades como Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), el IMSS, Pemex y Fonatur.
El informe también detalla que un 16% del monto observado corresponde a empresas productivas del Estado y sus filiales, mientras que apenas un 4% involucra a las secretarías de Estado.
Por primera vez, la ASF realizó auditorías forenses a organismos que anteriormente no habían sido analizados con esta profundidad. En la lista de entes revisados figuran Diconsa, el Instituto Nacional de Migración, el IMSS y el INAI, así como poderes judiciales estatales, universidades autónomas y servicios de salud de entidades federativas.
Estas 29 auditorías de tipo forense arrojaron un monto por aclarar de 6 mil 700 millones de pesos. Según Colmenares Páramo, los hallazgos que indiquen un posible daño patrimonial pasarán a una segunda fase de investigación. Dependiendo de los resultados, se podrían iniciar denuncias penales y procedimientos de responsabilidad contra los funcionarios implicados.
