El Senado de la República se prepara para debatir una polémica reforma que podría permitir el embargo de hasta el 40% del salario de los trabajadores para el pago de créditos de nómina. La iniciativa, impulsada originalmente por senadores de Morena y aprobada por la Cámara de Diputados en 2022, busca evitar que estos préstamos caigan en cartera vencida.
Este miércoles, las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos, Segunda, analizarán la minuta que modifica la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Entre los cambios más relevantes se encuentra la regulación del “Crédito de Nómina con Cobranza Delegada”, un esquema que permitirá descontar los pagos directamente del salario de los trabajadores.
La propuesta, que permaneció en pausa durante tres años, ha generado controversia. En su momento, el expresidente Andrés Manuel López Obrador expresó su desacuerdo con la medida, argumentando que podría afectar la estabilidad económica de los trabajadores. No obstante, el proyecto ha retomado fuerza y su discusión en el Senado definirá su futuro.
Uno de los puntos clave de la reforma es que los contratos de seguros y otros servicios financieros podrían ser incluidos como materia de libranza, es decir, los trabajadores podrían ver descontadas sus pólizas de seguros junto con los pagos de sus créditos de nómina. Además, se establece que estos créditos no aplicarán para los financiamientos otorgados por instituciones como el Infonavit o el Fovissste.
Para que un crédito de nómina con cobranza delegada sea válido, se requerirá la firma de un convenio entre la entidad financiera y el empleador. Sin embargo, los sindicatos y otras organizaciones no podrán intervenir en estos acuerdos.
Si bien la medida busca reducir los niveles de morosidad, diversos sectores advierten que podría aumentar la presión financiera sobre los trabajadores, limitando su liquidez y capacidad de ahorro. Con su inminente discusión en el Senado, la reforma sigue dividiendo opiniones entre quienes la ven como una solución para el mercado crediticio y quienes temen que represente una carga excesiva para los empleados.
