El acceso a la vivienda en la Ciudad de México se colocó nuevamente en el centro del debate público. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó una iniciativa de reforma constitucional que apunta a regular el mercado de renta y contener el encarecimiento de la vivienda, en medio de un fenómeno creciente de gentrificación en distintas zonas de la capital.
La propuesta plantea un cambio de fondo: que el incremento de las rentas no pueda superar la inflación anual reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con ello, se busca dar certidumbre a cerca de dos millones de personas que viven en viviendas rentadas, lo que representa aproximadamente una cuarta parte de la población capitalina.
El diagnóstico que acompaña la iniciativa revela una tendencia clara: cada vez más personas optan por rentar. Entre 2010 y 2020, este esquema creció de manera significativa, mientras que en algunas zonas los precios se dispararon más de 30%. En alcaldías como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, la presión inmobiliaria ha intensificado el debate sobre el acceso a vivienda asequible.
Como parte del paquete, también se contempla la creación de una Defensoría Inquilinaria, un organismo que mediaría en conflictos entre arrendadores e inquilinos. Este mecanismo incluiría un padrón digital obligatorio de contratos de renta, con el objetivo de transparentar acuerdos y facilitar su cumplimiento.
Además, la iniciativa propone fortalecer la política pública en vivienda, ampliar la reserva territorial y establecer medidas para evitar el desplazamiento de comunidades, bajo el argumento de garantizar el arraigo vecinal.
El planteamiento forma parte de una estrategia más amplia que derivará en una futura Ley de Rentas Justas y Asequibles, cuya discusión podría iniciar en el próximo periodo legislativo. Mientras tanto, el gobierno capitalino ha insistido en que la reforma no afecta la propiedad privada, sino que busca equilibrar las condiciones del mercado de vivienda en la ciudad.
